Resumen: Momento de consumación y formas imperfectas de ejecución. Se elabora un análisis en relación con la no coincidencia entre consumación y agotamiento del delito. Análisis del lucro cesante y del daño emergente que combate el recurrente: límites del recurso de casación para responder sobre la responsabilidad civil derivada del delito.
Resumen: Aporta el recurrente en su recurso un certificado que pretende demostrar que estaba en posesión de permiso de conducir en su país. Ya lo anunció en apelación, aunque sin llegar a aportarlo.
En la casación no se practica prueba: es un dogma.
Las pruebas novedosas, obtenidas tras la sentencia de instancia, integran material idóneo para promover un recurso de revisión: ese es su marco natural de operatividad.
Resumen: Se analiza el delito de inmigración ilegal: establece doctrina. Posibilidad de que, tras la reforma de la LO 1/2015, la reiteración de acciones configure un delito continuado de inmigración ilegal en supuestos subsumibles en el tipo básico del delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis 1 del Código Penal. Delito pluriofensivo, cuyo bien jurídico preeminente se encuentra en el control estatal de los flujos migratorios. Inaplicación de la regla de exclusión del delito continuado prevista en el artículo 74.3 del Código Penal. Se analiza el valor probatorio de la declaración del testigo protegido: Testigos de los que no se ofrecen sus datos de filiación en la fase de enjuiciamiento. Justificación suficiente por riesgo contra su libertad o integridad personal. Ausencia de indefensión por cuanto las defensas y acusados tuvieron siempre a su disposición la imagen fisionómica de las testigos reflejada en las grabaciones tomadas durante su declaración en sede sumarial, de modo que siempre conocieron la identidad de las testigos de cargo y pudieron realizar un interrogatorio contradictorio sin limitaciones. Con respecto al derecho a un juez imparcial: Imparcialidad objetiva sobrevenida. Desestimación.
Se analiza el principio acusatorio: Introducción en el relato de hechos probados de hechos no incluidos en la acusación. Meros actos accesorios cuya ausencia no modificaría la calificación de los hechos y su dimensión punitiva.
Resumen: Motivación de sentencias: para que proceda la nulidad de la sentencia por falta de motivación debe producirse efectiva indefensión sin que pueda considerarse que la indefensión se produce por insuficiencia en las menciones en los antecedentes de hecho de todas y cada una de las alegaciones efectuadas por las partes en trámite de conclusiones. Encargo a la empresa constituida por comisario de policía en activo para la obtención de información sobre determinadas personas, accediendo a la totalidad de sus movimientos empresariales, y las personalidades de todo tipo con las que se reunían y contactaban, incluyendo los tráficos de llamadas de sus teléfonos, así como de personas de su entorno. Facultad de revisión en apelación de los pronunciamientos absolutorios en la instancia. Motivación suficiente de la sentencia respecto de la absolución por el delito de cohecho pasivo al considerar que el acusado actuó en una esfera absolutamente privada, sin que conste intervención policial alguna, obedeciendo el pago de las cantidades abonadas a la contraprestación de los servicios llevados a cabo por la empresa del policía. La sentencia de instancia ha argumentado, con base en el relato de hechos probados, de forma racional y completa, las razones por las que considera que no procede la codena por el delito de revelación de secretos, al estima que consta exclusivamente que se obtuvieron los tráficos de llamadas reseñados, pero no por los cargos que el acusado ostentaba en esos momentos, ya que se desconoce si fue aquél quién los obtuvo de manera personal, o fue a través de terceros. Absolución por el delito de falsedad documental, al considerar que aunque el concepto de algunas de las facturas denunciadas no se corresponda con la realidad, no simularon ningún contrato, ya que se prestaron unos servicios. Prescripción del delito de descubrimiento y revelación de secretos de particulares: habiendo sido absueltos los acusados de delito de cohecho, los delitos de revelación de secretos recobran su plazo de prescripción.
Resumen: Los tribunales españoles no son competentes para el conocimiento de los hechos por los que se solicita la extradición. No bastan las alegaciones genéricas sobre la situación de los Derechos Humanos y del sistema jurídico penal y carcelario del Estado reclamante. El delito de estafa por el que es reclamada por las autoridades venezolanas, no tiene carácter político, pero la apertura de otro procedimiento en Venezuela contra el hermano de la reclamada, en el que se imputa también a ésta, por los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, porte ilícito de armas de fuego, y detentación de artefactos explosivos e incendiario, permite apreciar riesgos de vulneración de los derechos fundamentales de la reclamada.
Resumen: Envíos de cocaína desde diferentes países de Sudamérica con destino España. Utilización de fondos de procedencia irregular. Incautación de dos pistolas con cartuchos para las que carecían los acusados de licencia y guía de pertenencia. Intervenciones telefónicas realizadas con las debidas garantías. Cadena de custodia mantenida. Delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud (cocaína) y en el seno de una organización criminal. Hechos que no pueden constituir un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico: no consta que los bienes y derechos generados por los acusados tuvieran su origen en una actividad previa de narcotráfico. Delito de tenencia ilícita de armas. Agravante de reincidencia. Atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada.
Resumen: Inmunidad de jurisdicción del personal de Naciones Unidas:i la inmunidad plena resulta de aplicación mientras la persona está ejerciendo en el cargo. Una vez que haya cesado, como ocurre en el presente caso, es aplicable la inmunidad funcional respecto palabras escritas o habladas y a todos los actos ejecutados en su carácter oficial. No consta que el Secretario General de la ONU haya decidido que procede la aplicación de la inmunidad de jurisdicción. Los actos que se imputan al reclamado no son necesarios de forma alguna para el ejercicio independiente de sus funciones como personal de Naciones Unidas. Debe ser frente al órgano judicial requirente de la presente extradición ante quien debería hacerse valer el supuesto "non bis in idem". Los hechos presuntamente delictivos por los que se dirige la acusación están perfectamente individualizados, sin que exista una duplicidad en los mismos. Las autoridades de los Estados Unidos de América ostentan jurisdicción para el conocimiento de los hechos. Concurrencia de doble incriminación respecto del blanqueo de capitales. No bastan las alegaciones genéricas sobre la situación de los Derechos Humanos y del sistema jurídico penal y carcelario del Estado reclamante, si la parte no hace alegación alguna concreta en relación con la persona o derechos del reclamado. VOTO PARTICULAR: considera que la competencia para levantar la inmunidad corresponde exclusivamente al Secretario General, lo que excluye cualquier decisión unilateral por parte de tribunales nacionales. Mientras no conste renuncia expresa, la inmunidad permanece vigente respecto de los actos realizados en el ejercicio del cargo, incluso si se discute su regularidad.
Resumen: De la relación circunstanciada de hechos de la querella no se desprende indicio alguno de que los magistrados querellados cometieran los delitos que se les imputa. El auto de inadmisión del incidente de nulidad a través del que se entienden cometidos los delitos no incurrió en falsedad documental alguna, ya que no alteró la verdad, pues, aunque se encabezó como resolución de pleno, identificó a todos los magistrados que asistieron a él y firmaron la resolución. La avocación a pleno de un asunto no exige que concurran a la deliberación todos los integrantes de la sala, sino que basta con que se cumplan los requisitos de quorum exigidos para que el órgano esté válidamente constituido. Por otra parte, a través de dicha resolución los querellados no incurrieron en prevaricación, pues la decisión en ella adoptada se llevó a efecto conforme a pautas de adecuada hermenéutica jurídica: especifica el auto por el que se desestimó el incidente de nulidad que la sala aplicó la nueva doctrina comunitaria invocada por el querellante en diversos asuntos que se encontraban pendientes de resolución, pero explicó, con pleno apoyo en jurisprudencia nacional y comunitaria, que no podía adaptar la nueva doctrina comunitaria a la sentencia firme cuya nulidad pretendía la parte querellante, dado que la misma no estaba pendiente de resolución ni de recurso -puesto que se había dictado tres años y medio antes- ni afectaba a ninguna cláusula contractual abusiva que hubiera estado al margen de control jurisdiccional previo; asimismo, la resolución analizó los cauces procesales contemplados en el ordenamiento jurídico español a través de los que las partes pueden alzarse frente a una sentencia firme -incidente excepcional de nulidad de actuaciones y revisión de sentencias firmes- y descartó ambas vías por no concurrir en el caso ninguno de los requisitos exigidos en una u otra.
Resumen: Hechos pueden calificarse en nuestro ordenamiento jurídico como constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores. En los hechos recogidos en la solicitud de extradición se menciona la utilización de engaño para atraer a Estados Unidos a personas residentes en España, ofreciéndoles condiciones laborales ficticias, tras lo que lograron someterles a unas condiciones laborales que restringían sus derechos como trabajadores. No concurre la doble incriminación sobre la defraudación fiscal que no alcanza los 120.000 euros. Conforme a la legislación estadounidense, vinculante a estos efectos según el Tratado, no pueden considerarse prescritos los delitos imputados.
Resumen: Suficiente motivación de la sentencia apelada. Principio de no indagación en materia de cooperación judicial y policial internacional. Competencia de los tribunales españoles en incautaciones de drogas realizadas en embarcaciones en alta mar abordadas: no se ha acreditado la ausencia de autorización o el veto del Estado de pabellón. Autorías en delitos contra la salud pública. Concurso de normas entre en delito contra la salud pública y delito de organización criminal que obliga a aplicar la combinación más gravosa.
